Bajo la cúpula
El presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, aseguró que la lucha anticorrupción pasa por una reforma profunda del Estado, tarea que, en su opinión, no ha emprendido ningún gobierno todavía. Afirma, además, que se necesita un Estado moderno que permita, con el uso de tecnología, tomar decisiones rápidas y transparentes. Pide que su sucesor continúe con esa labor.
¿Qué estrategias hay en el Poder Judicial en la lucha contra la corrupción?
Nuestro enfoque es operacional. No se trata solamente de declararnos en guerra con la corrupción. Tenemos que tomar ciertas medidas que impidan actos de corrupción, como la transparencia en todo lo que hagamos. Esto va de la mano con una relación comunicacional. Vamos en camino de las notificaciones electrónicas que deben imperar en todo el país para acelerar los procesos. Creemos que los procesos judiciales lentos anidan la corrupción. Se tiene que oralizar el procedimiento penal y llegar más adelante, como en Colombia y Costa Rica, al papel cero en los expedientes para evitar esos expedientes inmensos. Esto se tiene que lograr con tecnología, que ya la estamos teniendo.
¿Qué presupuesto le asigna el Estado a la lucha contra la corrupción?
No existe presupuesto. No lo han asignado porque se tiene un concepto lírico de la lucha anticorrupción. Se piensa que la gente va a amanecer limpia y pura de un día para otro y que nunca va a corromperse ni a corromper. Nosotros planteamos un presupuesto para contratar entidades internacionales que asesoren una profunda reforma del Estado, la cual pasa por una decisión política del más alto nivel.
¿Qué alianzas institucionales y sociales hay?
Hay que establecer alianzas concretas con la sociedad civil y los partidos políticos para hacer una suerte de pacto estratégico que apunte a que todos nos comprometamos a iniciar una reforma del Estado. También hay que tener al empresariado, a los sindicatos y a la prensa.
¿La comisión de alto nivel anticorrupción se ha puesto un plazo?
No existe un plazo cronológico. El cronológico es el que culmina con mi gestión a fin de año. El plazo tiene que ser de razón.
¿No hay una duplicidad de esfuerzos entre la comisión de alto nivel anticorrupción y lo que ya tiene encaminado, aunque adormecido, el Acuerdo Nacional?
No, porque el Acuerdo Nacional tiene tareas más amplias. Por la presencia del Acuerdo Nacional es que se está haciendo este megaencuentro y fomentando un acuerdo de lucha anticorrupción.
¿Y cuál es el sistema de medición?
Nosotros partimos de un criterio pragmático. No podemos decir a los demás que hagan si nosotros no comenzamos con dar el ejemplo. Además, hemos creado un centro de monitoreo. Se lo hemos encargado a la secretaría técnica de la comisión de alto nivel. Estamos invitando también como observadores a la cooperación internacional y al cuerpo diplomático acreditado.
El Consejo Nacional de la Magistratura es el que nombra y ratifica a jueces y fiscales. Usted pidió que se fueran todos por un caso de supuestos sobornos. ¿Qué va a pasar?
Ya se han ido casi todos y se ha integrado gente muy valiosa. No se trata de un tema de personas, sino de concepción. El Consejo Nacional de la Magistratura tiene que tener una visión menos paranoica y policiaca. Tienen que rediseñar sus procedimientos.
¿Qué pasó con la comisión de ética del Poder Judicial? En la práctica está desactivada.
El nombre original era comisión de análisis financiero de los magistrados para ver cómo era su patrimonio. Se llamó comisión de ética al modo anglosajón, pero su tarea no es ver la eticidad de la gente. La manera como fue manejada dio lugar a que yo, de un solo plumazo, desactivara sus cuadros. Los saqué a todos y puse a quienes tenían que permanecer ahí. La comisión va funcionando muy bien, pero sin la gente que en algún momento le dio un giro distinto al que debía tener. La comisión era para ver a los magistrados, no a todo el mundo. Eso le corresponde a la Contraloría General. Si comenzamos a chequear todo es peligroso.
¿Y a qué conclusiones ha llegado la comisión?
Me han ofrecido ver si encuentran algo de aquí a agosto. Ojalá que no encuentren nada porque eso quiere decir que todo está funcionando como corresponde. Si hay indicios de delito hay que entregarlos al Ministerio Público o al Consejo Nacional de la Magistratura porque el Poder Judicial es solo un órgano de análisis, no de investigación o de pesquisas.
¿Cuáles son los logros y cuáles son los retos del Poder Judicial?
Hemos logrado poner paneles solares en los más recónditos lugares de la selva. Hemos puesto en vigencia más del 50% del nuevo Código Procesal Penal. Estamos trabajando muy arduamente en el acceso a la justicia. Queremos tener un Poder Judicial de primer mundo, por lo menos en cuanto a tecnología. Este es un Poder Judicial que fue concebido para nueve millones de habitantes y somos 28 millones. El Poder Judicial debe también ser capaz de contribuir en 1% o 2% al PBI.
Faltan seis meses para el término de su presidencia. ¿Qué críticas lanzaría a su antecesor y qué desafíos para quien lo suceda en el cargo?
A mi antecesor no tengo nada que criticarle porque las cosas no son a propósito de personas. Yo soy continuador de las gestiones de mis predecesores. Lo que tiene que hacer mi sucesor es continuar esta tarea. El tema pasa por modernizar el Poder Judicial, por acortar los procedimientos. Esa sería la máxima por seguir.
Firman pacto anticorrupción
Los representantes del Acuerdo Nacional y los miembros de la comisión de alto nivel anticorrupción firmarán mañana el compromiso ético Pacto Nación Anticorrupción en la sede de la Corte Suprema. El propósito de este pacto busca, entre otros, consolidar el Estado de derecho, fomentar la promoción de valores, difundir los códigos de ética y cumplir con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Asimismo, el pacto tiene como objetivos desarrollar una cultura anticorrupción en la sociedad, mejorar los mecanismos de rendición de cuentas y modernizar el aparato público. Los firmantes se comprometen a impulsar mecanismos de seguimiento, mediante el establecimiento de un organismo de monitoreo independiente. El documento propone que para el bicentenario de la proclamación de la independencia (2021), el país haya alcanzado niveles de eficiencia en la lucha contra la corrupción.
ANTECEDENTES
¿Quiénes combaten la corrupción y definen el rumbo del país?
El Acuerdo Nacional es el conjunto de políticas de Estado elaborado sobre la base del diálogo, para definir el desarrollo del país en el largo plazo. Los objetivos son fortalecer la democracia, promocionar la competitividad y afirmar un Estado eficiente, transparente y descentralizado. La comisión de alto nivel anticorrupción articula, coordina y planifica, a mediano y largo plazo, las acciones de las entidades públicas y privadas destinadas a prevenir y combatir la corrupción en el país. La integran los presidentes de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional y del CNM. También están el titular del Consejo de Ministros, la fiscal de la Nación, la defensora del Pueblo, el alcalde de Lima, el ministro de Justicia, el coordinador de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, el presidente de la Confiep, la directora ejecutiva de Pro Ética, el secretario técnico del Acuerdo Nacional y un coordinador.
PANEL PERIODÍSTICO:
Francisco Miró Quesada Rada
Martha Meier
Hugo Guerra
Diana Seminario Marón
Héctor Villalobos
Débora Dongo-Soria
Edición: Marco Méndez
Fotografía: Giancarlo Shibayama
Videorreportera: Zaida Ysla
Fuente: Diario El Comercio
Fecha: Jueves 1 de julio de 2010
